Desde la Tecnicatura y el Área de Gestión Editorial, Juan Pascual, Marina Hedrich y Gretel Schroeder explicaron que la iniciativa beneficia a las grandes cadenas y plataformas digitales y perjudica a las pequeñas editoriales y librerías. Indicaron que la permanencia de la Ley 25.542 resulta clave para sostener un entramado editorial diverso, federal e independiente, y alertaron que su eliminación podría tener efectos que trascienden el plano económico para impactar directamente sobre la producción, circulación y acceso a la cultura escrita en Argentina.
La iniciativa del Gobierno nacional para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera volvió a generar preocupación en el sector editorial. Docentes que se desempeñan en la Tecnicatura Universitaria en Producción Editorial y el Área de Gestión Editorial de la Facultad de Ciencias de la Educación, coincidieron en que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la diversidad cultural que caracteriza al ecosistema del libro argentino.
El coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Producción Editorial de la FCEDU-UNER, Juan Pascual; la coordinadora del Área de Gestión Editorial de la Facultad, Marina Hedrich; y Gretel Schroeder, docente y editora egresada de la FCEDU, integrante del Área y librera, señalaron que la Ley 25.542 reconoce al libro como un bien cultural y establece un precio uniforme de venta al público (PVP), fijado por las editoriales, para todos los puntos de comercialización. Según explicaron, ese mecanismo permite que librerías de distinta escala puedan competir en igualdad de condiciones, evita prácticas comerciales predatorias por parte de grandes cadenas y plataformas digitales y favorece la permanencia de editoriales independientes, autores emergentes y proyectos culturales del interior del país.
Sostuvieron, además, que la derogación de la norma no implicaría un ahorro para el Estado, ya que se trata de una regulación que no demanda recursos públicos, pero sí tendría consecuencias económicas y culturales. Entre ellas mencionaron el posible cierre de librerías, la pérdida de puestos de trabajo, una mayor concentración del mercado editorial y una reducción de la bibliodiversidad y de las oportunidades para nuevos autores y editoriales.
Pascual señaló que la propuesta oficial forma parte de un paquete de medidas de desregulación impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger y cuestionó que el sector no haya sido convocado a debatir la iniciativa. En ese sentido, afirmó que “editoriales independientes, la Red de Editoriales Universitarias y la entidad mayor del sector, la Cámara Argentina del Libro, se oponen frontalmente a lo que el gobierno quiere hacer” y lamentó que “ni siquiera tengan una silla para poder sentarse a una mesa para conversar sobre estos asuntos”.
También destacó que el precio único de venta fue determinante para el desarrollo del sector editorial argentino y advirtió sobre las consecuencias culturales de eliminar esa herramienta. “Menos diversidad de librerías es menos llegada de libros al público. Menos diversidad de librerías es menos diversidad de editoriales y menos editoriales son menos autores. Son menos ideas en la discusión pública. Es el fomento de la ignorancia”, expresó.
Asimismo, rechazó el argumento de que la regulación encarece los libros y señaló que el problema del acceso está vinculado al poder adquisitivo. Finalmente, fue especialmente crítico con la postura oficial al afirmar que “el resultado puede ser la demolición de una de las joyas de la cultura argentina”.
Por su parte, Hedrich puso el foco en el impacto que tendría la derogación sobre las librerías de barrio y de pequeñas ciudades. Explicó que estos espacios no solo cumplen una función comercial, sino también social y cultural, ya que promueven el encuentro entre lectores, la circulación de recomendaciones y la difusión de escritores y escritoras. En ese sentido, remarcó: “En las librerías de barrio, las del interior, la experiencia es de cercanía. Hay una conversación, una recomendación, un tiempo compartido, uno recorre los espacios, charla y recomienda autores y libros”. Y advirtió que el eventual cierre de estos comercios implicaría “menos cultura compartida”.
Schroeder, quien además de integrar el Área de Gestión Editorial es librera desde hace una década, recordó que el intento de derogar la ley ya había sido impulsado dos años atrás y que entonces fue frenado por la movilización del sector. Señaló que la normativa protege a todo el ecosistema del libro y advirtió que, sin ella, las plataformas digitales y los grandes hipermercados podrían concentrar gran parte del mercado.
Al respecto, sostuvo que “MercadoLibre (uno de los grandes beneficiados, por no decir el único si se deroga esta ley) absorberá el mercado, pudiendo vender a pérdida o con márgenes inalcanzables para los comercios más pequeños” y advirtió que “las librerías de barrio y de ciudades como Paraná son las más vulnerables ante la desaparición de esta red de protección”.
“La derogación de esta ley no se entiende más que como un intento de fomentar la concentración”, concluyó.