El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación expresa su preocupación ante dos proyectos del Poder Ejecutivo que buscan derogar la Ley de la Actividad Librera y la Ley de Tierras.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera Nº 25.542 también conocida como Ley del Libro, elimina el precio uniforme de venta para los libros, impulsa la monopolización de grandes cadenas y pone en riesgo la diversidad de espacios editoriales y librerías.
La Ley del Libro se sancionó en 2001 establece que el libro tiene un precio único que permite regular los derechos de autor; asegura que exista una oferta amplia y variedad de catálogos y permite que la producción literaria, científica y académica circula de forma más equitativa. Esta normativa ha sido un ejemplo tanto en Latinoamérica como en mercados editoriales del mundo.
Teniendo en cuenta la Tecnicatura en Producción Editorial que se dicta en nuestra Facultad y su vinculación directa con escritores, representantes de librerías y editoriales independientes de nuestra región y el país, manifestamos nuestra preocupación ante la propuesta de derogación de la Ley 25.542 que garantiza la diversidad de libros y librerías.
En defensa de la soberanía
Por otra parte, desde el CD también expresamos nuestra preocupación ante el proyecto de ley denominado de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Consideramos que el mismo atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos y recursos naturales, vulnera y ataca el derecho a la vivienda de 11 millones de hogares inquilinos, y limita la posibilidad del Estado para expropiar recursos estratégicos para el desarrollo de nuestro país.
El Proyecto, cuyo tratamiento está previsto el jueves 6 de agosto en la Cámara de Senadores, afecta a un conjunto de sectores de nuestra sociedad y pone en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias inquilinas.
La Ley N.º 26.737/11, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida como Ley de Tierras que está vigente en el presente, regula la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras lo cual constituye una herramienta para resguardar la soberanía nacional, proteger recursos naturales estratégicos para el desarrollo y la vida, y preservar las capacidades regulatorias del Estado sobre un recurso de carácter estratégico.
En la Facultad de Ciencias de la Educación se llevan adelante proyectos de investigación vinculados con la problemática de la ruralidad, la educación y la soberanía. Asimismo, también se dicta la Maestría en Educación y Desarrollo Rural en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Centro Regional Entre Ríos (CRER) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Este trabajo se articula con otras propuestas de investigación, producción y difusión en la universidad pública como la que se realiza en el Instituto de Estudios Sociales (Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la UNER) que buscan contribuir al diagnóstico de la situación actual y la construcción de alternativas que detengan el proceso de extranjerización del territorio argentino.
Estos proyectos ponen de manifiesto el papel central que desempeñan las universidades públicas y los organismos del sistema científico-tecnológico en la producción de conocimiento crítico, indispensable para el diseño de políticas públicas y la defensa de los intereses estratégicos y soberanos de la Nación.
El proyecto de ley denominado de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que propone el Poder Ejecutivo Nacional establece:
Capítulo I — Expropiaciones y regularización dominial. Restringe el poder expropiatorio del Estado exigiendo que la utilidad pública sea específica y proporcional.
Capítulo II — Desalojo y locaciones. Elimina las pocas garantías que inquilinos e inquilinas pueden usar para defenderse en un juicio de desalojo. Elimina la posibilidad de que los inquilinos puedan saldar deuda para evitar quedarse en la calle.
Capítulo III — Tierras rurales. Mantiene la prohibición de adquisición por estados extranjeros y personas jurídicas bajo su control. El problema de la extranjerización es fundamentalmente producto de la venta a empresas o ciudadanos que habitan fuera de nuestro territorio. La ley deroga las restricciones más importantes de la Ley 26.737: el límite del 15% a nivel provincial o subprovincial (con un máximo de un 30% por nacionalidad), la restricción de un máximo de 1.000 hectáreas por sociedad o capital extranjero en la zona núcleo y los límites a que los capitales extranjeros se queden con zonas ribereñas o espejos de agua. En términos de soberanía el proyecto deroga el corazón de la Ley de Tierras (26.737) exponiendo nuestro territorio nacional a la posibilidad de ser adquirido sin límites por grandes capitales transnacionales, agravando una situación ya crítica en zonas de frontera, ribereñas, con acceso a recursos minerales fundamentales y reservorios de agua dulce. Además, deroga el artículo 4 del decreto ley 15385/44 que declaraba “de conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos” y permitía al Poder Ejecutivo Nacional declarar de utilidad pública y expropiar dichos bienes.
Capítulo IV — Manejo del fuego. Elimina la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. También elimina la prohibición por 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios y actividades agropecuarias luego de incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos.
Por todo lo expuesto, desde el Consejo Directivo expresamos nuestra preocupación ante el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” en tanto consideramos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de sus recursos y de su población.
En el mismo sentido, solicitamos a las legisladoras y legisladores nacionales, y en especial a las y los senadores nacionales de Entre Ríos, que rechacen este proyecto de ley en defensa de la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos y recursos naturales.
Consejo Directivo, 22 de julio de 2026