Ante la gravedad institucional que atraviesan las universidades nacionales como consecuencia del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Superior de la UNER se expresó en una contundente declaración y puso en palabras el riesgo de este escenario para el futuro de la provincia.
En el marco de la defensa de la Universidad Pública y a más de 340 días de ausencia de respuestas por parte del gobierno nacional, las autoridades de la UNER y de sus nueve facultades realizaron un comunicado dirigido a la comunidad entrerriana y a quienes la representan ante el Congreso de la Nación. La declaración fue consensuada durante la reunión del Consejo Superior que tuvo lugar el miércoles 30 de septiembre, junto a representantes de docentes, no docentes, estudiantes, graduadas y graduados.
El documento pone de manifiesto lo que está en juego en dos planos que hacen a la vida entrerriana y a su futuro. Por un lado, la UNER ocupa un significativo rol social como herramienta de cohesión social: además de un espacio donde se forman profesionales, es es un ámbito donde conviven jóvenes de toda condición social y de toda la geografía provincial, donde se tejen vínculos con los municipios, las escuelas, las cooperativas y el entramado productivo.
“Esa presencia territorial y ese crecimiento es, precisamente, lo que hoy está en riesgo”, se remarcó en el documento y agrega: “El presupuesto universitario nacional acumulará en 2027 su cuarto año consecutivo por debajo del nivel real sobre 2023 -una caída cercana al 27%-, mientras que las becas y transferencias destinadas a estudiantes sufrieron en el mismo período un recorte superior al 75%. La Argentina completará así, en 2027, cuatro años seguidos (asignaciones presupuestarias años 2024, 2025, 2026 y 2027) como el país de la región que menos invierte en educación superior en relación con su Producto Bruto Interno”.
A su vez, la caída real del presupuesto del sistema científico-tecnológico cercana al 48% desde 2023 tiene como consecuencia el deterioro de la capacidad estratégica de Entre Ríos, generando así una fuerte amenaza para que la provincia pueda planificar y construir su propio desarrollo.
En ese sentido, la declaración manifestó: “El deterioro presupuestario no afecta únicamente las áreas experimentales o tecnológicas, donde la imposibilidad de mantener, actualizar laboratorios y sus equipamientos se torna crítica rápidamente. Alcanza además, al conjunto de las disciplinas que sostienen la vida universitaria y científica de la UNER: las ciencias sociales y humanas, la educación, la salud humana y animal, las ingenierías, la informática, las ciencias agropecuarias, de los alimentos, la bromatología, la economía, la administración, el trabajo social, la comunicación, la cultura, el ambiente y las políticas públicas”.
Además de exigir al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento inmediato e íntegro de la Ley N° 27.795 en los términos ordenados por la Justicia Federal, la declaración expresada por la UNER solicita al gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que haga de la cuestión sobre las Universidades Nacionales un tema de “Estado Provincial”. “La generación y transferencia de conocimientos académicos y científicos, no hace más que potenciar al sector socio-productivo y tecnológico de la Provincia a la cual se debe y representa al haber sido elegido por la mayoría de los entrerrianos”.
También se dirige a las legisladoras y los legisladores nacionales por la provincia de Entre Ríos, para que revisen las partidas asignadas al sistema universitario y al sistema científico-tecnológico nacional durante el tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027.
Asimismo, convoca a la sociedad entrerriana a informarse, involucrarse y acompañar a su universidad pública en la defensa de un derecho conquistado hace más de cinco décadas: “Cada docente y cada investigador sub remunerado, cada beca que se pierde, cada comedor universitario que reduce su prestación, cada actividad que no puede sostenerse, es un joven entrerriano —muchas veces el primero de su familia en llegar a la universidad— que ve interrumpido su proyecto de vida. Proyecto que a su vez dejará de impactar, con su efecto multiplicador, alrededor de su familia, su entorno, su ciudad y la región.”
A continuación, el texto completo de la declaración de UNER:
DECLARACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 27 de septiembre de 2026
Por qué el Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y contemplarla en el Presupuesto 2027.
A la sociedad entrerriana.
A las legisladoras y los legisladores nacionales por la provincia de Entre Ríos.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos se dirige a la comunidad de la provincia y, de manera especial, a quienes la representan ante el Congreso de la Nación, para poner de manifiesto con claridad la gravedad institucional que atraviesan las Universidades Nacionales como consecuencia del persistente incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
La norma fue sancionada por el Congreso Nacional en octubre de 2025. Poco después, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación por decreto, invocando falta de previsión presupuestaria. Ante ese incumplimiento, la Justicia Federal intervino en reiteradas oportunidades: el 23 de diciembre de 2025 el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó su aplicación inmediata, decisión confirmada el 31 de marzo de 2026 por la Cámara de Apelaciones del fuero. El Poder Ejecutivo llevó entonces la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recurso extraordinario federal y recurso de queja; el 25 de junio de 2026 el máximo tribunal los rechazó por unanimidad —al considerar que una medida cautelar no constituye sentencia definitiva— y devolvió la causa a las instancias inferiores, dejando firme la obligación de dar cumplimiento a la ley. Pese a ello —y a un nuevo fallo del juez federal Martín Cormick, dictado el pasado 24 de septiembre, que intima al Estado Nacional a darle efectivo cumplimiento bajo apercibimiento de multas diarias, en un plazo que vence el 30 de este mes—, el Poder Ejecutivo continúa sin ejecutarla.
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 elevado al Congreso tampoco contempla las partidas que la norma exige: el propio Consejo Interuniversitario Nacional calculó que faltan cerca de 3,7 billones de pesos, alrededor de un 33% más de lo previsto por el Ejecutivo, para garantizar el funcionamiento del sistema universitario el año próximo.
No se trata de una controversia de interpretación: quienes tienen la potestad de resolver estas diferencias ya se han expedido, y lo han hecho de manera reiterada y en el mismo sentido. Ante este cuadro, el Consejo Superior considera imprescindible poner en palabras lo que está en juego, en dos planos que hacen a la vida entrerriana y a su futuro.
I. Una herramienta de cohesión social que la provincia no puede permitirse perder la Universidad Nacional de Entre Ríos no concentra su actividad en un único núcleo urbano: despliega sus nueve facultades en seis ciudades —Concepción del Uruguay, Paraná, Oro Verde, Gualeguaychú, Concordia y Villaguay—, con sedes académicas separadas entre sí por distancias de hasta 300 kilómetros. Asimismo mediante distintas estrategias y modalidades en la actualidad busca ampliar sus alcances geográficos y generar nuevas ofertas de carreras que den respuestas a distintos sectores de la sociedad entrerriana. Esa decisión fundacional, sostenida durante más de cinco décadas, respondió a la voluntad de llevar la educación superior pública, gratuita y de calidad a cada rincón de la provincia, y de convertirla en un derecho al alcance de miles de jóvenes entrerrianos que, de otro modo, no podrían acceder a ella. Esa presencia territorial y ese crecimiento es, precisamente, lo que hoy está en riesgo.
El presupuesto universitario nacional acumulará en 2027 su cuarto año consecutivo por debajo del nivel real sobre 2023 —una caída cercana al 27%—, mientras que las becas y transferencias destinadas a estudiantes sufrieron en el mismo período un recorte superior al 75%. La Argentina completará así, en 2027, cuatro años seguidos (asignación presupuestaria año 2024, 2025, 2026 y 2027) como el país de la región que menos invierte en educación superior en relación con su Producto Bruto Interno.
Cada docente y cada investigador sub remunerado, cada beca que se pierde, cada comedor universitario que reduce su prestación, cada actividad que no puede sostenerse, es un joven entrerriano —muchas veces el primero de su familia en llegar a la universidad— que ve interrumpido su proyecto de vida. Proyecto que a su vez dejará de impactar, con su efecto multiplicador, alrededor de su familia, su entorno, su ciudad y la región.
La universidad pública ha sido, desde su creación, mucho más que un lugar donde se forman profesionales: es un ámbito donde conviven jóvenes de toda condición social y de toda la geografía provincial, y donde se tejen vínculos con los municipios, las escuelas medias, las cooperativas y el entramado productivo local. Es, en el sentido más profundo del término, una herramienta de cohesión social que el pueblo entrerriano se dio a sí mismo y que no puede permitirse perder. Debilitar su financiamiento no es un ajuste contable: es resignar una de las pocas instituciones capaces de igualar oportunidades entre cabeceras de departamento y pequeñas localidades, entre el campo y la ciudad, entre quien puede costear sus estudios y quien no.
II. La situación del sistema científico-tecnológico La crisis adquiere una dimensión todavía más severa en el sistema científico-tecnológico, del que la Universidad forma parte activa a través de todas sus Unidades Académicas. El presupuesto nacional de la función Ciencia y Tecnología acumula una caída real cercana al 48% desde 2023, y el propio CONICET proyecta para 2026 una nueva contracción cercana al 7% respecto del año anterior.
También en esta área el gobierno nacional incumple la normativa vigente. La Ley 27.614 fijó una trayectoria de incremento progresivo del financiamiento destinado a ciencia y tecnología. El proyecto de presupuesto correspondiente a 2027 asigna a la Función Ciencia y Técnica $2,6 billones, equivalente a apenas 0,178% del PBI, muy por debajo del 0,59% previsto por la norma para 2027.
La producción de conocimiento que se sostiene desde distintos campos del saber, en conjunto con las comunidades, organizaciones sociales e instituciones.
El deterioro presupuestario no afecta únicamente las áreas experimentales o tecnológicas, donde la imposibilidad de mantener y actualizar laboratorios y sus equipamientos se torna crítica rápidamente. Alcanza además, al conjunto de las disciplinas que sostienen la vida universitaria y científica de la UNER: las ciencias sociales y humanas, la educación, la salud humana y animal, las ingenierías, la informática, las ciencias agropecuarias, de los alimentos, la bromatología, la economía, la administración, el trabajo social, la comunicación, la cultura, el ambiente y las políticas públicas. En todos estos ámbitos, la producción de conocimiento se sostiene en el trabajo de campo junto a comunidades, organizaciones sociales e instituciones, y requiere financiamiento sostenido, salarios dignos, becas actualizadas, infraestructura adecuada, equipamiento, bibliografía, movilidad, conectividad, servicios especializados y programas regulares de apoyo a proyectos.
Sostener el sistema científico-tecnológico en la UNER es, por lo tanto, sostener una capacidad estratégica de la provincia de Entre Ríos.
Debilitarlo no constituye un ahorro fiscal: implica resignar capacidades públicas imprescindibles para que la provincia pueda pensar, planificar y construir su propio desarrollo.
Por todo lo expuesto, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos:
1. Exige al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento inmediato e íntegro de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, en los términos ordenados por la Justicia Federal.
2. Solicita a las legisladoras y los legisladores nacionales por la provincia de Entre Ríos que revisen, durante el tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, las partidas asignadas al sistema universitario y al sistema científico-tecnológico nacional, de manera de asegurar el normal funcionamiento de la Universidad y la recomposición de los salarios docentes, no docentes y de investigación, así como de las becas estudiantiles y de posgrado.
3. Solicita al Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Lic. Rogelio Frigerio, haga de la cuestión sobre las Universidades Nacionales un tema de “Estado Provincial”, dado que la generación y transferencia de conocimientos académicos y científicos, no hace más que potenciar al sector socio-productivo y tecnológico de la Provincia a la cual se debe y representa al haber sido elegido por la mayoría de los entrerrianos.
4. Convoca a la sociedad entrerriana a informarse, involucrarse y acompañar a su universidad pública en la defensa de un derecho conquistado hace más de cinco décadas.
Entre Ríos construyó su universidad para achicar distancias, igualar oportunidades y multiplicar conocimiento en cada rincón de su territorio. Sostenerla no es un gasto: es la forma más eficaz que la provincia tiene de invertir en su propio futuro.
Consejo Superior
Universidad Nacional de Entre Ríos